Transparencia en España

España ultima la aprobación de la Estrategia Nacional de Contratación Pública, un instrumento jurídico que será vinculante para todo el sector público y que la Comisión Europea lleva años exigiendo al Gobierno para aumentar la transparencia y la eficiencia en las compras del sector público. El Ejecutivo ha prometido a Bruselas tenerla lista antes de 2023.
El Gobierno promete medios al supervisor de la contratación pública pero no le da presupuesto propio
La estrategia, prevista en la Ley de Contratos Públicos de 2017, está comprometida con Bruselas desde 2018, tras la aprobación de esa ley, que traspuso dos directivas europeas de 2014. Y figuraba en el Plan de Recuperación enviado por el Gobierno a la Comisión Europea en abril de 2021. La responsable de aprobarla es la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación pública (OIRESCON), una entidad que España puso en marcha en 2018 también por exigencia de la UE.

Como siempre es útil tener a mano una visión general de los procedimientos de contratación, sus cuantías y plazos de licitación, hemos creado este cuadrito de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Como siempre, para compartir, reutilizar, transformar, mejorar, etcétera.

La contratación pública es uno de los elementos más importantes en la concreción de la acción del gobierno y la Administración. La amplitud de casuísticas, condiciones, normas y preceptos, junto con la criticidad de hacerla bien aumenta la responsabilidad de acertar en su gestión.
En el capítulo de hoy hablamos con Jaime Pintos Santiago, Doctor en Derecho y consultor especialista en contratación pública para AAPP y empresas, con una importante actividad divulgadora sobre la materia, además de profesor de Derecho Administrativo y Director del título de especialista en contratación pública de la UDIMA. Con él hablamos acerca de la importancia de profesionalizar de una manera integral y holística la contratación pública en organizaciones públicas, empresas y cargos electos: los retos que supone, los pasos a seguir y las prioridades en un entorno tan complejo como el actual.

La tramitación de emergencia encaja como anillo al dedo en una situación de pandemia: permite comprar algo, contratar un servicio o encargar una obra solo con hablarlo, y que se ponga en marcha de forma inmediata, sin perder ni un segundo. Sin papeleos previos y sin tener que cumplir todos los trámites habituales. Pero hay reglas de la contratación pública que, ya a posteriori, sí son de obligado cumplimiento. Y la más importante es la de la transparencia: la adjudicación se tiene que publicar en 15 días. Sin embargo, en los contratos de emergencia adjudicados durante 2020 y publicados hasta febrero de 2021 esa transparencia llegó tarde: la media fue de 43 días, casi el triple de tiempo.

Un trabajo conjunto con Juan Carlos Gçómez Guzmán que ofrece un método para el desglose de los costes RÁPIDO Y SENCILLO mediante el uso de datos financieros (de la contabilidad externa de las empresas), que proceden de una fuente fiable, solvente e independiente y que se transforma en datos de gestión para calcular el coste de producción de la prestación para su ajuste al precio de mercado.

El 25 de enero de 2021 Iñaki Gabilondo dijo en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER: “Hay muchas señales que indican que tenemos problemas de estructura. (…) Se oye que los bomberos no pueden salir porque no tienen cadenas para las ruedas; que el problema de la vacunación se agrava porque no teníamos las jeringuillas necesarias. Tenemos un problema que tenemos que reconocer: ¡España no funciona! (…) España es un Estado moderno, pero tiene problemas de estructura, engranajes que no engarzan bien, problemas de desajustes claros, desorden, y una sensación de ineficacia porque parece que las palabras mandan más que los hechos. En los hechos estamos fallando, pero parece que no importa con tal de que luego tengamos palabras. Parece que la política se ha convertido en el oficio para explicar por qué no se pueden hacer las cosas.”

El diseño del I Congreso Virtual en Contratación Pública plantea un viaje en la evolución de la gestión de la contratación pública.
El primer día de viaje lo vamos a dedicar a la Ley de Contratos, con MAYÚSCULAS.
(...)
En fin, que algo de experiencia tengo en los foros de contratación pública y lo que os puedo asegurar es que la inmensa mayoría de discusiones y problemas que se plantean son de tipo jurídico, de diferentes interpretaciones de los artículos de la Ley, de distintos informes y de diversas resoluciones.
La contratación pública es un continuo y polémico debate jurídico. (...)

Los poderes adjudicadoras deben cumplir las normas y principios del TFUE en todas las adjudicaciones de contratos públicos. Estos principios incluyen la libre circulación de mercancías, el derecho de establecimiento, la libre prestación de servicios, la no discriminación y la igualdad de trato, la transparencia, la proporcionalidad, el reconocimiento mutuo, la publicidad y la concurrencia competitiva, entre otros.

El apagón informativo del Ministerio de Sanidad sobre el importe de los suministros comprados para frenar el avance del coronavirus y sobre la identidad de los proveedores sanitarios incumple la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Así se desprende de un informe —fechado el Viernes Santo— de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que interpreta la tramitación de emergencia derivada del estado de alarma decretado el 14 de marzo. El dictamen se muestra rotundo en este aspecto, al afirmar que "la LCSP no recoge especialidades para estos contratos en relación con la publicidad de los actos de adjudicación y formalización en el perfil de contratante del órgano de contratación respecto al régimen de publicidad previsto con carácter general". (...)

A diferencia del Gobierno español, 20 países sí publican licitaciones relacionadas con el coronavirus en un portal especial habilitado en la plataforma de contratación de Europa. “El propósito de esta página es facilitar el acceso a licitaciones relacionadas con la pandemia del Covid-19. En este contexto, la siguiente lista destaca la contratación pública en el área de equipos médicos, reflejando así las necesidades de las autoridades y servicios sanitarios”, informa la web.

Ha sido la estrella. Sin dudas y sin paliativos, el contrato menor ha sido la gran estrella de la Ley de Contratos (Ley 9/2017), y no era fácil. No era fácil, porque el 9 de noviembre el BOE nos regalaba una ley compleja, extensa (346 artículos, 53 Disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 16 disposiciones finales y 6 anexos…), con contradicciones internas y una deficiente técnica normativa. A pesar de ello, un único artículo, el 118, regulador de los contratos menores ha concentrado toda la atención, de académicos, operadores, gestores, contratistas, contratantes, sociedad, medios y cualquier otro sujeto que podamos imaginar.
Por ello, vamos a analizar el recorrido del contrato menor antes de su anunciada muerte:

La modificación ha sido operada por la disposición final primera del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, que da nueva redacción al artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que queda redactado como sigue y que comparativamente vemos en el siguiente cuadro (texto en rojo eliminado, texto en verde añadido):

Utiliza un Decreto-Ley aprobado de urgencia para evitar multas europeas para eliminar el veto a firmar con un mismo empresario varios contratos menores que superen los umbrales máximos, una medida destinada a evitar fraccionamientos y que entró en vigor hace menos de dos años.

Nadie puede discutir que la aprobación de la LCSP de 2017 ha significado un gran avance en materia de transparencia de la actividad contractual, incluso frente a la propia normativa en materia de transparencia, Ley 19/2013. Un simple vistazo al nuevo artículo 63 LCSP, regulador del perfil del contratante, y a la redacción del artículo 8 LTBG, en el apartado a) relativo a la contratación, permite advertir un salto cualitativo de gran importancia (5 cambios que deben realizarse en el perfil del contratante).
Y es que la apuesta por la transparencia de la LCSP, declarando que ésta es su primer objetivo en su propia Exposición de Motivos, no puede quedar relegado a letra de BOE sin impacto en la gestión, de ahí que sea necesario analizar las consecuencias de la falta de publicación de la debida información en el perfil del contratante. Consecuencias que, avanzo ya, no serán las mismas en función del indicador de información al que se refiera.