Transparencia en España

La aprobación de un código ético es una de las medidas preventivas esenciales del conocido “ciclo antifraude” y también una obligación que impone la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno autonómica a todas las Administraciones públicas.
En el marco de un convenio entre la Generalitat Valenciana, las Diputaciones provinciales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la Universidad de Valencia y esta Agencia, el 12 de marzo de 2024, impartí la ponencia “Cómo elaborar un código ético para que sea un verdadero marco de integridad pública”. Y lo cierto es que pocos lo son, limitándose a ser “copia-pega” de los principios y deberes que ya regula e impone la normativa o fruto de un encargo a entidades privadas que finaliza con su entrega, despreocupándose de su operatividad.

"Este Código tiene por objeto establecer las normas Éticas y de conducta aplicables a los miembros del Gobierno, cargos y personal eventual de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Las normas en él contenidas suponen estándares mínimos que podrán ser superadas por códigos sectoriales o específicos.
Este Código no tiene, en sr mismo, valor de norma jurídica en su sentido formal. Se da por supuesto que las exigencias legales, as´´i como el cumplimiento de las normas penales y sancionadoras, forman parte necesaria de las obligaciones y de los deberes legales del cargo publico como responsable publico y, en su caso, como ciudadano o ciudadana. El Código Ético supone un plus sobre el cumplimiento de la legalidad vigente.
No obstante, el incumplimiento del Código Ético tiene consecuencias."

Aquí tienen disponible para descarga la versión e-book (en epub y pdf) del Código de Integridad de la Comunitat Valenciana que contiene una selección ampliada y comentada de la normativa aquí recogida y aprobada en el ámbito internacional, europeo y nacional, con una especial incidencia en las disposiciones del ordenamiento jurídico autonómico de la Comunitat Valenciana vinculadas a la integridad pública, así como de las recomendaciones, guías y manuales de la Agencia Valenciana Antifraude.

El Reglamento ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, validado inicialmente en el Pleno municipal del pasado mes de febrero, ha sido aprobado de forma definitiva tras no recibir alegaciones en el periodo legalmente establecido para ello. El documento entrará en vigor en quince días hábiles tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en el día de hoy. 

El concejal de Comunicación y Transparencia, Demetrio Quirós, argumentó en el Pleno en el que fue aprobado inicialmente que este Reglamento “fortalecerá a la institución municipal, ya que generará confianza en la ciudadanía al promover valores y principios éticos y procurar estándares de conducta para los cargos públicos y directivos locales”. Estos elementos de buen gobierno se encuentran ya recogidos en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Este Código establece un marco de principios éticos y de buenas prácticas que deberá ser observado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y las entidades de su sector público en el desarrollo de las políticas relacionadas con el uso de datos masivos mediante algoritmos de Inteligencia Artificial. En concreto, estos principios y prácticas orientarán las acciones relacionadas con el Plan Foral de Transformación Digital y con la buena gobernanza del dato y los algoritmos a través de los instrumentos y mecanismos que la Diputación Foral de Gipuzkoa habilite a tal efecto.
Este Código se inscribe dentro de la infraestructura ética que ha desarrollado la Diputación Foral de Gipuzkoa con su Sistema de Integridad Institucional a fin de afianzar la ética pública y la ejemplaridad como señas de identidad de la Institución, erradicando las malas prácticas y promoviendo una cultura de
la integridad en el ejercicio de las funciones públicas por parte de todos sus responsables, empleados y entidades que participen en la provisión de servicios públicos forales.

El Equipo de Gobierno elevará al Pleno ordinario de febrero el borrador de Reglamento Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz para su aprobación, permitiendo a la ciudadanía, organizaciones y asociaciones trasladar sus opiniones sobre dicho reglamento a través de un formulario en la web de transparencia municipal.

Cabe señalar que en el proceso de elaboración se ha mantenido el contacto con todos los grupos políticos municipales, a fin de confeccionar una propuesta de reglamento acordada y consensuada entre todos.

El reglamento tiene como objetivo fortalecer las instituciones públicas y generar confianza en la ciudadanía, promoviendo unos valores y unos principios éticos que se conviertan en rectores de su actividad pública, asumiendo y procurando unos estándares de conducta para sus cargos públicos y directivos locales. Estos elementos de buen gobierno se encuentran ya recogidos en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 

El Código de Conducta de los empleados públicos es el gran olvidado en nuestro ordenamiento jurídico administrativo, mereciendo señalarse que tal abandono lo ha sido tanto por la doctrina, como por los procesos selectivos desarrollados por las Administraciones Públicas, como (en ocasiones) por la formación que se imparte a los empleados públicos una vez que ingresan a la función pública, como, consecuentemente por su falta de aplicación, por la jurisprudencia que emana de Juzgados y Tribunales.

A pesar de que están obligados a declarar sus posesiones, trabajos anteriores o las reuniones con grupos de interés, la mayoría de los parlamentarios incumple estas exigencias debido a la inconcreción normativa
Los diputados del Congreso están obligados por ley a hacer públicos todos sus bienes o las actividades económicas que puedan entrar en conflicto con su quehacer político. Tienen que dar cuenta de esos datos y de otros regidos por las normativas de transparencia al tomar posesión de sus escaños en la Cámara Baja y, también, al dejar de ser diputados, para conocer si han tenido un enriquecimiento irregular durante su paso por el Parlamento.
Todo ello está establecido por el reglamento de las Cortes Generales, que está en consonancia con uno de los principios básicos de la cámara, cada vez con mayor peso en las instituciones públicas: la transparencia. Sin embargo, el texto no es específico y, en la mayoría de las ocasiones, los parlamentarios utilizan esta ambigüedad para no compartir con la ciudadanía información de interés, como en qué empresas están depositadas sus acciones o de dónde reciben ingresos extra.

La actuación de Fuster ha sido calificada en el seno del Ejecutivo que lidera Francina Armengol como una “torpeza inaudita” que le dejaba en una situación “insalvable”

El director general del Ib-Salut, Juli Fuster, se ha visto obligado a presentar su dimisión después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares condenara al Govern por la intervención de Fuster en un proceso de selección de médicos anestesistas al que también se presentaban su hija y su yerno. El hasta hoy máximo responsable del Servei de Salud firmó una resolución que afectaba directamente a sus familiares y por la cual se les adjudicaron sendas plazas de anestesista con categoría de funcionario en la sanidad pública.

Amb la publicació de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), neix l’obligació específica d’incloure el desenvolupament d’un pla de mesures antifrau (PMA) a qualsevol administració que executi fons europeus. Es tracta, doncs, que els ens locals beneficiaris del fons Next Generation de la Unió Europea adoptin totes les mesures necessàries per prevenir el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.
Amb la voluntat de facilitar als ens locals models i instruments que els permetin disposar d'aquests requeriments, des del Gabinet d'Innovació Digital hem incorporat l’apartat nou «Pla de Mesures antifrau. Models i instruments» a la Comunitat de Transparència i Govern Obert.
En aquest apartat trobareu informació i documentació corresponent a:
El Pla de mesures antifrau. Model de document.
La Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció.
La Declaració d’absència de conflicte d'interessos.
La Declaració de béns i activitats.
El Codi de conducta dels alts càrrecs.
El Codi ètic dels treballadors públics.
El Registre de grups d’interès.
L’agenda dels alts càrrecs.

Autor de la selección: Guillermo Martínez Suárez.

Año de la publicación: 2022

Nota del editor: Los textos que conforman este documento han sido obtenidos de las páginas webs de los organismos relacionados en el sumario, ofreciéndose, única y exclusivamente, los contenidos estrictamente relacionados con el objeto de este código: los principios éticos, de conducta, buen gobierno y transparencia.
No obstante, como en algunos casos la información contenida en las respectivas webs es más amplia, se ha considerado conveniente incorporar el vínculo de la página web en el encabezamiento de cada documento, facilitando, de esta manera, el acceso a la consulta del contenido completo.

El artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en su virtud la Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, imponen a España, en relación con la protección de los intereses financieros de la UE y como beneficiaria de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la obligación de que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) disponga de un «Plan de medidas antifraude».
En cumplimiento de dicha obligación, el Pleno del Ayuntamiento de Vinaròs adoptó por unanimidad de todos los grupos municipales en sesión celebrada el 24 de febrero de 2022 los siguientes acuerdos:
Aprobar el Plan de medidas antifraude para la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también llamados Next Generation EU.
Aprobar la declaración institucional del Ayuntamiento de Vinaròs para la política de lucha contra el fraude.
Aprobar el Código ético y de conducta de los empleados públicos del Ayuntamiento de Vinaròs.

Documentación

• Plan de Medidas Antifraude (PMA)
• Declaración Institucional
• Código Ético y de Conducta

La Agencia Valenciana Antifraude ha aprobado un Código ético y de conducta que recoge los principios éticos y los valores de buen gobierno que deben informar toda la actuación de la Agencia y regulará la imparcialidad, la confidencialidad y la conducta que necesariamente debe observar el personal en especial lo que respecta al conflicto de interés.
El Código se estructura en siete capítulos, cuarenta artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y dos disposiciones finales y es un instrumento interno de autorregulación y de obligatoria observancia.

El reparto de los fondos para la recuperación económica tras la covid que concede la Unión Europea se ajustará a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, transparencia y honradez. El Gobierno de Aragón garantizará una correcta gestión del Plan de Recuperación, Transformación y_Resiliencia a través de medidas antifraude, que se centrarán en la prevención, la detección, la corrección y la persecución del prácticas irregulares, si las hubiera, que los empleados públicos podrían denunciar. Este plan se concibe como un "instrumento de planificación vivo y flexible", que guiará la actuación de los altos cargos y de los funcionarios.

Sabemos que la contratación pública es un ámbito especialmente vulnerable a la corrupción y a prácticas irregulares, y es por ello que conviene extremar las medidas para garantizar de forma efectiva la buena administración, la transparencia, la igualdad, la no discriminación, la libre concurrencia, la competencia leal y efectiva entre las empresas y la ética e integridad, a través de la prevención de conflictos de intereses.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la creación de la Comisión Consultiva de Ética de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que tendrá naturaleza asesora y consultiva y estará constituida por un presidente, seis vocales y un secretario.
Entre sus funciones destaca recomendar los lineamentos, políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento e identificación con el Código Ético o efectuar recomendaciones vinculadas a conductas, cuestiones de reputación institucional y posibles conflictos de interés.

El pleno del Ayuntamiento de Lleida ha dado luz verde este miércoles a la aprobación inicial del código ético para cargos electos, personal eventual y directivos con los 14 votos de los partidos de gobierno (ERC, Junts y El Comú), la abstención del edil no adscrito Sergio González y 12 votos en contra de PP, PSC y Cs.
La concejal de Participación y Lucha contra la Corrupción, Elena Ferre, ha defendido el código argumentando que "la ética no se puede reducir a la ley o al reglamento, es más que eso, es la honestidad, la lealtad, la veracidad, la ejemplaridad, la austeridad y la capacidad de servicio".

Los 52 diputados de Vox en el Congreso han rechazado este martes detallar las actividades realizadas y los regalos recibidos durante los cinco años anteriores a asumir el cargo. En su lugar, todos los miembros han rellenado sus declaraciones de intereses con la misma fórmula, declarando que su actividad está siempre al servicio del “interés superior de España” y en ningún caso se puede ver condicionada por otros factores. La formación ultra desoye así el Código Ético de la Cámara Baja, aprobado el pasado octubre, que obliga a los diputados a acatar una serie de normas para que sus actividades sean más transparentes.

La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública lanzará este mes una consulta pública a la ciudadanía, a través de la plataforma de participación ciudadana, 'https://participa.carm.es/', para recabar aportaciones y sugerencias que permitan actualizar el Código de Conducta de los Altos Cargos, integrado en Sistema de Integridad Institucional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Este proceso participativo se llevará a cabo una vez finalizada la consulta que actualmente se está llevando a cabo con 9.265 empleados públicos, en el marco del proyecto 'SCEMAPS', impulsado por la Comisión Europea, para elaborar el Mapa Regional de Riesgos de la Corrupción.

La Comisión de la Transparencia del Ayuntamiento de Lleida ha aprobado iniciar la elaboración de un Código Ético y de Conducta de la Paeria, después de las anomalías detectadas en tres contrataciones de la concejalía de Deportes, que han llevado al alcalde Miquel Pueyo a apartar el hasta ahora regidor de esta área, Sergio González.
El encargado de elaborar el documento será un grupo de trabajo que se reunirá por primera vez el lunes y que contará con representación de todos los grupos municipales, que podrán hacer aportaciones. Las concejalías de Participación y Gobierno Abierto han presentado a la comisión el borrador de este documento, que regulará los principios y valores a seguir por los cargos electos y personal eventual y directivo del consistorio y sus entes vinculados.

Es voluntario, se puso en marcha hace diez años y desde entonces se han adherido menos de cien grupos; en el Ibex ya está extendido de forma mayoritaria, con excepciones como Indra, participada por el Estado

Cerca de dos tercios de las más de 120 compañías que cotizan en Bolsa en España, el 65,6% del total (82 sociedades), no han firmado un "código de buenas prácticas tributarias" impulsado hace más de diez años por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para intentar mejorar la cooperación con las grandes empresas, prevenir el fraude fiscal y reducir los litigios fiscales.
" A 4 de enero, y según la web de la AEAT, aparecían adheridas a este código voluntario 157 empresas españolas y filiales de grupos extranjeros. Entre ellas está una amplia mayoría de compañías del Ibex 35, el principal índice bursátil español, y gigantes no cotizados como Mercadona, El Corte Inglés, Abertis, CLH o Telepizza, además de alguna empresa pública como Loterías, entre otras.

Las Cortes han aprobado un nuevo código ético que obliga a los parlamentarios a hacer pública su agenda institucional y a entregar un documento de intereses económicos donde expongan las actividades laborales desarrolladas en el pasado, entre otras cuestiones en favor de la transparencia.

Diputados y senadores tendrán que declarar para quién han trabajado y hecho actividades no remuneradas en los últimos cinco años y abrir sus agendas para notificar con qué grupos de presión se reúnen durante la elaboración o modificación de leyes. Estos son algunos de los elementos que figuran en el Código de Conducta que ha aprobado este jueves el Parlamento y en el que se les permite aceptar regalos de hasta 150 euros, un valor superior al que marcan las regulaciones en otras administraciones. Así, los ayuntamientos de Madrid, Gijón o Elche no permiten presentes de más de 50 euros y la Xunta de Galicia, de 90, mientras que la Ley de Transparencia de 2013 indica que los funcionarios públicos no podrán aceptarlos en ningún caso.

El Govern ha aprovat el Codi de bones pràctiques tributàries de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, d'acord amb les recomanacions promogudes per organismes internacionals. Igualment, el Govern també ha acordat la creació del Comitè per al Seguiment de les Bones Pràctiques Tributàries per tal d'impulsar el bon govern i el compliment cooperatiu en l'àmbit tributari.