Transparencia en España

La aprobación de códigos éticos en el sector público es un signo de autorresponsabilidad y de “madurez” de las instituciones, que va más allá de cumplir con las obligaciones puramente legales y el tradicional principio de legalidad.
La provisión de un código ético supone un instrumento de autorregulación, parte de un sistema o marco de integridad pública, así como un elemento esencial de un Plan de Medidas Antifraude en el marco de la gestión de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia[1].
Por consecuencia, este instrumento aspira a elevar los estándares de integridad y excelencia de la actuación de los servidores públicos, más allá del estricto cumplimiento de las normas.

Nos encontramos en un momento de tensión social que requiere dosis reforzadas de valores públicos para superarse. Las oportunidades pueden venir en parte del diseño coparticipado del V Plan de Gobierno Abierto, pero hará falta incluirle más elementos.

La Agencia Valenciana Antifraude ha entregado la Memoria de Actividad correspondiente al año 2023 que ha tenido lugar en el Saló dels Espills de les Corts Valencianes dando de esta forma cumplimiento al mandato recogido en el artículo 22 de la Ley 11/2016 de creación de la Agencia.
El director de la Agencia, Joan Llinares, ha hecho entrega de los dos volúmenes de la Memoria, uno en valenciano y otro en castellano, a la presidente de les Corts, Llanos Massó. En el acto también han estado presentes los Síndics de todos los grupos parlamentarios y la Mesa de les Corts.
En la Memoria se recoge la actividad desarrollada por la Agencia durante el año 2023 en el área de formación, prevención y documentación; el área jurídica y de protección de la persona denunciante; análisis e investigación; administración, contratación y recursos humanos y comunicación.

Los grupos del PP y Vox en el Parlamento de Baleares han aprobado este martes —con los votos en contra de los grupos de la izquierda del PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos— la Ley de Transparencia y Control de los Cargos Públicos de Baleares, que contempla, en su disposición adicional primera, la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que se puso en marcha en 2016. Se trata de la primera comunidad autónoma que elimina este órgano de control, extendido en otras regiones de España, que hasta ahora permitía formular denuncias anónimas para investigar tanto presuntos delitos como posibles irregularidades administrativas en las instituciones. El Gobierno autonómico del PP que preside Marga Prohens ha rechazado las peticiones de organizaciones como Transparencia Internacional España que, junto a una veintena de entidades, reclamó el mantenimiento de la oficina para favorecer el control de los cargos públicos. El PP ha argumentado que la oficina es “un invento” del PSOE que “nunca ha funcionado”. Los socialistas han acusado a Prohens de fomentar “la opacidad” y han avanzado que se plantean recurrir el cierre ante el Tribunal Constitucional.

El Ayuntamiento de Zaragoza va a poner en marcha una vía interna de denuncias para analizar posibles casos de infracciones normativas, con el objetivo de ganar en transparencia y fomentar las buenas prácticas laborales. La propuesta ha sido aprobada a través de una moción plenaria de Vox sobre la apertura de un canal telemático de denuncias, que será aprobada este martes en Gobierno.

El pleno aprueba por unanimidad un plan local de comunicación interno y medidas de prevención contra situaciones fraudulentas 
El pleno municipal de Riba-roja de Túria ha aprobado la elaboración de un plan de comunicación interno que permita a los empleados y trabajadores públicos conocer la política antifraude de la administración local. La propuesta municipal ha contado con el apoyo unánime de todos los partidos con representación pública, como el PSPV, el Partido Popular, Compromís, Esquerra Unida-Podem y Vox.

Cerca de un centenar de entidades locales de la provincia de Valencia se han acogido ya al servicio de buzón antifraude que ofrece la Diputació, alojándolo en los portales web municipales que también están elaborados por la institución provincial.
El diputado de Fondos Europeos, Administración Electrónica e Innovación, Juan Ramón Adsuara, indica que “se trata de una herramienta para fomentar la transparencia y la integridad de las entidades públicas, permitiendo que los empleados, clientes o ciudadanos denuncien cualquier conducta sospechosa o irregular que puedan observar sin riesgo de represalias”.

Los asesores, esa figura espuria que se mueve entre bambalinas del poder, parece haber adquirido un desorbitado interés mediático. No es para menos. Lo que hemos leído y oído estos últimos días sorprende a muchos, indigna a otros y a los menos, como es mi caso, no nos dice nada nuevo que ya no supiéramos. Intentaré explicar brevemente quiénes son y a qué se dedican tan ignorados transeúntes de las nóminas públicas. Aunque ya les anticipo que no es fácil, pues son dúctiles y muy variopintos, aunque haya algunos rasgos que los identifiquen. Veamos.

106 protocolos firmados y 302 responsables de sistemas de información en las administraciones públicas valencianas
Los sistemas internos de información son instrumentos fundamentales para la prevención del fraude y la corrupción en las administraciones públicas 
La Agencia ha firmado 106 protocolos de colaboración con ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas para ayudarles en el cumplimiento de la Ley 2/2023 de protección de las personas denunciantes de corrupción 
301 administraciones públicas han presentado en el Registro de la Agencia los responsables de su sistema interno de información

La política se empeña en recordarnos constantemente que su relación con la transparencia es variable según la posición de los actores y observadores, a pesar de que los principios deberían ser iguales para todos ellos.

Ricardo Puyol, Magistrado en servicios especiales con una trayectoria de varios años al frente del juzgado de instrucción nº 1 y 2 de Marbella durante el periodo de eclosión de los mayores casos de corrupción en este municipio malagueño, viene a hablarnos de su labor actual como director de la Oficina Andaluza Antifraude https://antifraudeandalucia.es/. Nos desgranará las actuaciones y desafíos a los que se enfrenta esta institución pública independiente, de reciente creación, cuya finalidad primordial es fortalecer la actuación de las Administraciones a través de la prevención y erradicación de prácticas corruptas, así como la protección integral de las personas denunciantes ante posibles represalias que puedan sufrir por el simple hecho de denunciar. La actividad pública no es una actividad cualquiera y debe llevar aparejada una exigencia de integridad y proceder ético singular, una democracia fuerte y sana como la nuestra exige de instituciones fuera de toda sospecha, y esta Oficina Antifraude debe velar por que así sea.

La corrupción no se combate luchando contra la corrupción. Comparto plenamente la afirmación de Kaufman y creo firmemente en el poder de la prevención y en esa línea del compliance, pero también en que a pesar de las políticas de prevención, la corrupción existe, y dentro de las distintas actividades de gestión pública, el área de contratación es el talón de Aquiles si hablamos de corrupción, irregularidades e ineficiencias. 

Acción colectiva, corrupción e integridad en la contratación pública: la experiencia española de implementación de los pactos de integridad como complemento al derecho y las políticas públicas anticorrupción
Los perjuicios derivados de prácticas indebidas en la esfera de la contratación pública, que abarcan actos ilícitos tales como el soborno, comisiones ilegales, colusión, fraude, facilitación de pagos o manipulación de procesos licitatorios, representan un desafío complejo que demanda una respuesta colaborativa de múltiples partes interesadas, incluyendo gobiernos, compañías y la sociedad civil. Los Pactos de Integridad surgen como una novedosa solución con un gran potencial en este contexto, representando un reto y un complemento tanto al derecho como a la formulación y ejecución de políticas públicas.
Esteban Arribas Reyes es profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá
El artículo se publicó en el número 64 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, enero 2024)

A la jornada asistieron más de 200 personas procedentes de 50 administraciones de la Comunitat Valenciana, Murcia, Almería, Barcelona y La Rioja
Se abordaron aspectos como la lucha contra la corrupción o el plan que ha mejorado las contrataciones en el ayuntamiento calpino y ha ahorrado más de un millón de euros

Se ofrece a continuación el vídeo de la ponencia de la profesora Leonor Rams en la Jornada sobre aplicación, en el ámbito local, de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Organizada por la Subdirección de Formación Local del INAP, se celebró los días 21 y 22 de noviembre de 2023 en el Aula Magna del Instituto. 

Acceso al vídeo de la ponencia

Más del 90% del sector se ha acogido a un sistema de autorregulación pionero creado en España, basado en un Código de Buenas Prácticas que va más allá de la declaración de intenciones, y que es capaz de denunciar y de sancionar si hay empresas menos transparentes que, a través de prácticas poco éticas, pudieran influir en las decisiones de prescripción de los sanitarios.

Se ofrece a continuación el vídeo de la Mesa de Debate en la Jornada sobre aplicación, en el ámbito local, de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Organizada por la Subdirección de Formación Local del INAP, se celebró los días 21 y 22 de noviembre de 2023 en el Aula Magna del Instituto.

Acceso al vídeo de la mesa